El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a tr?mite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la derogaci?n de la ley de memoria democr?tica acordada por el Ejecutivo de Arag?n. Como la impugnaci?n de Pedro S?nchez invocaba el art?culo 161.2 de la Constituci?n, el tribunal ha suspendido la vigencia y aplicaci?n de la norma impugnada, desde la fecha de interposici?n del recurso, que fue el pasado 29 de mayo.

En su demanda, el presidente del Gobierno alegaba que la ley podr?a vulnerar los art?culos 10.1 y 15 de la Constituci?n, por la derogaci?n de los preceptos relativos al estatuto de las v?ctimas. Adem?s, también sostiene que la norma podr?a ser contraria a competencias estatales en relaci?n al art?culo 149.1.1 y del deber de colaboraci?n as? como el 149.1.30 de la carta magna.

A primeros del pasado abril el*ministro de Pol?tica Territorial y Memoria Democr?tica, ?ngel V?ctor Torres, confirm? que el Ejecutivo impugnar?a ante el Tribunal Constitucional la ley con la que el gobierno auton?mico aragonés hab?a derogado de facto las pol?ticas espa?olas de memoria democr?tica y "hac?a apolog?a del franquismo", si la Diputaci?n de Arag?n no la modificaba antes. El mismo camino seguir?an las leyes valenciana y castellano-leonesa.

Torres anunci? que se sentar?a a dialogar con las autoridades auton?micas aragonesas, pero su ofrecimiento cay? en saco roto. El*vicepresidente aragonés y dirigente de Vox Alejandro Nolasco le respondi? en una rueda de prensa: “Podemos hablar de lo que quiera desde la cordialidad m?s absoluta, pero que tenga la convicci?n de que*no vamos a rebajar o dar un paso atr?s ni quitar un ?pice*de lo que hemos hecho”. Nolasco calific? la ley de de Memoria Democr?tica*de “sectaria y liberticida”.

Adem?s, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a tr?mite el recurso de inconstitucionalidad promovido por m?s de 50 senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado en relaci?n con el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificaci?n y racionalizaci?n administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administraci?n de la Junta de Andaluc?a y el impulso de la actividad econ?mica en Andaluc?a.

Los recurrentes sostienen que el decreto impugnado podr?a, entre otras cuestiones, infringir el art?culo 110 del Estatuto de Autonom?a de Andaluc?a por la falta de presupuesto habilitante para la utilizaci?n del decreto ley y por la posible vulneraci?n de los l?mites materiales.



أكثر...