Claro que hubo caso ERE en Andaluc?a. “No hubo un gran plan pero hubo un gran fraude”, afirm? el expresidente andaluz José Antonio Gri??n en abril de 2015 a las puertas del Supremo tras prestar declaraci?n. Desde la Junta de Andaluc?a se repartieron durante una década 680 millones de euros a prejubilados andaluces. Algunos siguen cobrando a?n a d?a de hoy pagados por un Gobierno del PP. Se repatieron con un sistema “ilegal”, seg?n sentenci? la Audiencia de Sevilla y ratific? el Tribunal Supremo. Se dispusieron fondos p?blicos “sin control” y de forma “discrecional y arbitraria”.

Nadie ha desmentido eso. Que se dieron ayudas con un post it como toda documentaci?n, en bares de copas, a altas horas de la madrugada, entre gin tonics y rayas de coca. Con expedientes incompletos, con comisionistas que se llevaron parte del dinero, con un director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, que se situ? como el principal encausado, cuyo ch?fer cont? que regaban juergas de coca?na con dinero p?blico, con problemas de adicciones… El retrato m?s s?rdido de la trama no se ha podido borrar. Sigue ah?, convirtiendo la etapa de 2000 a 2009 en la Consejer?a de Empleo en una década oscura y vergonzante.

"Los cuatro golfos"

Nadie ha podido decir a d?a de hoy que eso es mentira. Que no ocurri?. Ni siquiera el PSOE, que se abon? a la teor?a de “los cuatro golfos” para situar la responsabilidad en los escalones m?s bajo de esa Consejer?a de Empleo. Ni la Audiencia de Sevilla, ni el Supremo ni el Constitucional han desmontado que esa trama existi?. Ning?n pol?tico se llev? el dinero a su casa. No hubo cajas de billetes en los altillos ni cuentas bancarias en Suiza o Panam?, como hemos visto en otras tramas corruptas. Se permiti? un sistema clientelar, en palabras del propio Guerrero, personaje p?caro que se mostraba seductor con la jueza Mercedes Alaya. “Un fondo de reptiles”, dijo ante la Guardia Civil, un dinero para apagar fuegos all? donde al PSOE le interesaba. Nadie puede estar orgulloso de que se haya manejado dinero p?blico de los parados andaluces con esos boquetes y esa falta de rigor y controles.

Hecha la introducci?n. El Constitucional vuelve a situar la trama de los ERE en la Consejer?a de Empleo, el epicentro de esa corrupci?n chusca, que actuaba como si los fondos p?blicos fueran suyos. Sit?a el fraude en Empleo, la malversaci?n en esa Consejer?a, de donde nunca, defienden los socialistas, debi? salir. No se malvers? dinero en la Consejer?a de Hacienda, donde se limitaban a mandar el Presupuesto al Parlamento, ni siquiera se prevaric? en este departamento. Eso dice el tribunal de garant?as al admitir los recursos de amparo de Magdalena ?lvarez y eso dir?, seg?n se ha conocido, al pronunciarse sobre la sentencia de Carmen Mart?nez Aguayo el pr?ximo d?a 2 de julio y, por tanto, al dictar sentencia sobre José Antonio Gri??n el pr?ximo 16 de julio. En Hacienda no se malvers? ni se prevaric?. Eso ocurri? en Empleo, donde no se observaron los controles ni se vigil?, durante una década, el reparto de las ayudas.

La pieza pol?tica

?Qué se sentenci? en noviembre de 2019 en la Audiencia de Sevilla? Se juzg? la llamada pieza pol?tica de los ERE, que se refer?a al sistema con el que se repartieron esas ayudas, al dise?o que se realiz? para fijar una partida 31.L en el presupuesto andaluz que permiti? fijar esas ayudas. Aparte de esa pieza hab?a otras 146 en el mismo caso, por Expedientes de Regulaci?n de Empleo (ERE) regados con fondos p?blicos, por empresas en crisis que se llevaron dinero p?blico y que sumaron m?s de 500 imputados en nueve a?os de instrucci?n judicial. Hay abogados que dicen que hasta los responsables de Empleo podr?an ser amparados por indefensi?n porque en la Audiencia se fue a la trama pol?tica y no se analizaron las ayudas.

Se conden? a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Gri??n en un juicio que sent? en el banquillo a 21 ex altos cargos. A Chaves por prevaricaci?n, con una pena de nueve a?os de inhabilitaci?n. A Gri??n, con seis a?os y dos d?as de c?rcel, porque sumaron a la prevaricaci?n un delito de malversaci?n de fondos p?blicos, acotada a su responsabilidad de consejero de Hacienda, entre 2004 y 2009.

Las penas m?s duras recayeron en los consejeros de Empleo, Antonio Fern?ndez, José Antonio Viera, el exviceconsejero Agust?n Barber? y el director general de Trabajo, Guerrero. Pero se castig? con la misma contundencia a los responsables de la Consejer?a de Hacienda o de la Consejer?a de Innovaci?n, que era, a través de la Agencia Idea, la que actuaba como caja pagadora de los ERE. El exconsejero Francisco Vallejo est? en la c?rcel, como su viceconsejero, Jes?s Mar?a Rodr?guez, o el exdirector de IDEA, Miguel ?ngel Serrano. Para todos se impuso c?rcel.

La c?spide pol?tica

El Constitucional ha modulado. Ha fijado c?rculos de responsabilidad. Una cosa es Empleo, ha dicho, otra los que elaboraron los Presupuestos que aprob? el Parlamento. Los informes de la Intervenci?n nunca alertaron de menoscabo de fondos p?blicos, no activaron el c?digo rojo, pusieron reparos, dijeron que se ve?a salir humo por las ventanas pero ni llamaron a los bomberos ni dijeron que hab?a un incendio. El Presupuesto, dice el Constitucional, era una ley legal, valga la redundancia, no estaban dise?ados para dar cobijo al fraude. Si hubo fraude es porque las partidas se ejecutaron mal, sin controles, sin rigor, sin observar la ley. Gri??n ha dicho en much?simas ocasiones que “el Presupuesto no delinque”, “el crédito no delinque”.

La construcci?n del caso ERE se vio clara desde el principio. La jueza Mercedes Alaya redact? un auto en noviembre de 2011 se?alando que los expresidentes estaban en la “c?spide” de “una estructura piramidal” que permiti? un fraude de fondos p?blicos durante una década. Los fiscales Anticorrupci?n defendieron que las ayudas deber?an haber estado sujetas a la ley de subvenciones, con fiscalizaci?n antes y después de haberlas otorgado. La instructora traz? que hab?a existido un complot pol?tico, un fraude dise?ado desde arriba, un sistema pensado para defraudar.

En el Supremo, el voto particular de dos magistradas asegur? que hablar de malversaci?n en Hacienda era “un arriesgado salto al vac?o”. “Una cosa es que se esté ante la concesi?n ilegal de distintas subvenciones y otra diferente que todas ellas fueran improcedentes”, redactaron, “no hay prueba de cargo m?nimamente consistente”, “no hay pruebas s?lidas sino meras especulaciones” para sostener que Hacienda sab?a lo que estaba pasando en Empleo.



En esa tesis se sit?a el Constitucional. El caso ERE s? existi?. La corrupci?n existi?. Otra cosa es que Manuel Chaves, José Antonio Gri??n, Magdalena ?lvarez o Carmen Mart?nez Aguayo participaran de un complot para defraudar dinero p?blico con intereses pol?ticos. El fraude vuelve a Empleo, de donde nunca debi? salir, dicen los socialistas. Magdalena ?lvarez ha dicho que fue v?ctima de “una cacer?a”. Carmen Mart?nez Aguayo, una mujer de perfil técnico, discreto, con un curr?culum profesional alejado de cualquier complot pol?tico, ha pasado un a?o y medio en una c?rcel. Gri??n ha sufrido lo que nunca contar? porque él no es muy de llorar en p?blico. Ning?n tribunal ha borrado un fraude. El Constitucional ha amparado a quienes se sintieron injustamente condenados. Con una mayor?a de magistrados progresistas, es cierto, pero con argumentos jur?dicos s?lidos.



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