El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha propuesto una regulaci?n total de las diferentes modalidades de alquileres, habitual, temporal y tur?stico. Tras la aprobaci?n de la ley de vivienda, en mayo de 2023, que aplica principalmente a la primera f?rmula, el Ejecutivo trabaja en cambios regulatorios para solventar los problemas de tensi?n de precios en la segunda y la tercera modalidad. Sin embargo, toda esta normativa choca con el marco competencial de la vivienda, la mayor?a en manos de las comunidades y ayuntamientos, buena parte gobernados por el Partido Popular, contrario a este tipo de regulaciones.

La cartera liderada ahora por Isabel Rodr?guez introdujo medidas en la ley de vivienda para intentar limitar la subida en los precios de alquileres tradicionales. Estos son los que se rigen por la ley de arrendamientos urbanos, en definitiva aquellos cuya duraci?n es de m?nimo cinco a?os. En esta regulaci?n se incluyeron topes a la renovaci?n de los contratos y la posibilidad de limitar los precios a través de la declaraci?n de zonas tensionadas. La efectividad real de esto ?ltimo ha sido limitada (o casi nula) porque solo Catalu?a lo ha aplicado. Las comunidades gobernadas por el PP, no.

Sin embargo, fruto de las limitaciones que para estos los contratos la ley de vivienda —y la mayor rentabilidad de otras f?rmulas—, muchos propietarios han trasladado sus inmuebles a alquileres tur?sticos, competencia mayoritariamente de los municipios, y de temporada o por habitaciones. Los primeros engloban a estancias de d?as o pocas semanas, mientras los segundos abarcan hasta once meses. Normalmente, esta ?ltima f?rmula es la que se emplea para alquileres por habitaciones a estudiantes o j?venes profesionales.

Este miércoles, el Ministerio de Vivienda pondr? encima de la mesa una propuesta de desarrollo normativo del alquiler temporal o de media estancia. En una entrevista en La Serel martes, Isabel Rodr?guez explic? que hay que "perseguir el fraude o el abuso de la ley", por ejemplo, mediante la pr?ctica de encadenar contratos temporales para evitar las limitaciones de uno habitual, como la duraci?n m?nima de cinco a?os o los l?mites en la renovaci?n de los precios.

El propio presidente del Gobierno, Pedro S?nchez, ha encuadrado esta nueva regulaci?n del alquiler temporal dentro de las diferentes iniciativas para "poner coto" a los pisos tur?sticos. En una entrevista en la misma cadena, este lunes, S?nchez se refiri? a las propuestas como crear un registro estatal de pisos tur?sticos o a la reforma de la ley de propiedad horizontal. Estas iniciativas ser?n objeto de impulso en otra mesa de trabajo en la que también participa el Ministerio de Industria y Turismo, constituida a finales del pasado a?o.

“Creo que el mensaje pol?tico es que el Gobierno de Espa?a no permanece ajeno a esta cuesti?n y que, desde luego, con nuestras herramientas, porque hay muchas competencias que est?n en manos de las comunidades y los ayuntamientos, vamos a contribuir a resolver uno de los principales problemas que explica el alza de los precios del alquiler”, asegur?.

Alquiler de temporada

Hasta el momento, no obstante, el Ministerio de Vivienda no ha dado muchas pistas del contenido sobre la nueva regulaci?n de los alquileres temporales o de media estancia. Isabel Rodr?guez, en la mencionada entrevista, s? se?al?: "Lo que tenemos que hacer es dar continuidad a la ley de arrendamientos urbanos que preve?a este tipo de alojamientos e irnos a la causa de estos alojamientos. Estos alojamientos tienen una causalidad y es lo que tenemos que desarrollar ahora en estas normas. Si no hay causa, no da lugar a un contrato temporal y, por tanto, evitaremos ese abuso". Adem?s, reclam? a los inquilinos: "No nos pueden ofrecer un contrato temporal, tenemos que denunciarlos, tenemos que rechazarlos si nuestra causa no es temporal".

En esta l?nea, la Generalitat de Catalu?a aprob? un decreto para regular esta tipolog?a en abril. Finalmente, fue tumbado por la Diputaci?n Permanente del Parlamento, con la abstenci?n del PSC y los votos en contra de Junts, Vox, Ciudadanos y el PP. Esta normativa regional inclu?a una obligaci?n a los caseros de justificar por qué su contrato s? deb?a ser temporal, sobre la base de unos determinados par?metros.

Esta votaci?n fallida revela las cartas de las formaciones conservadoras, tanto de los populares como de Vox. Si la norma que pretende aprobar el Gobierno depende de su aplicaci?n en las comunidades, se antoja verdaderamente complicado que sea efectiva: ?nicamente Pa?s Vasco, Asturias, Navarra, Catalu?a y Castilla La-Mancha no est?n gobernadas por partidos de la derecha.

M?s consenso en alquiler tur?stico

En el caso del alquiler tur?stico s? hay m?s consenso entre los diferentes colores pol?ticos. Consistorios liderados por derechas e izquierdas han puesto sobre la mesa regulaciones para ponerles freno. Sin ir m?s lejos, Jose Luis Mart?nez-Almeida, alcalde de Madrid, impuso una moratoria de licencias a nuevos pisos vacacionales, mientras prepara una regulaci?n concreta, adem?s de aumentar las sanciones m?s bajas a los inmuebles ilegales desde los 1.000 a los 30.000 euros. Un paso m?s all? fue Jaume Collboni del PSC, su hom?logo en Barcelona, que anunci? el pasado junio que a partir de 2028 se extinguir?n las 10.000 licencias legales existentes en esta clase de apartamentos.

En torno a esta problem?tica hay un cierto revuelo social. El pasado fin de semana, miles de manifestantes salieron a las calles de ciudades como M?laga para protestar por su auge. Esto oblig? a Francisco de la Torre, regidor de la ciudad andaluza, a reconocer que se trata de un "problema especialmente*grave para los j?venes", adem?s de pedir a la Junta de Andaluc?a y a Moncloa un "impuesto tur?stico" para "impulsar turismo de calidad", inspecciones a viviendas tur?sticas ilegales y subvenciones a los alquileres de familias con problemas econ?micos.

Una de las bazas con las que cuenta el Ejecutivo para regular el tur?stico es la ley de propiedad horizontal, que Vivienda y Agenda Urbana se plantea reformar. La idea ser?a dar m?s poder a las comunidades de vecinos para poder vetar que se instalen pisos de estas caracter?sticas. Hoy en d?a tienen esa posibilidad, pero se necesita los votos a favor de tres quinta partes de los residentes, algo que no es sencillo en muchas ocasiones. Por el momento, la ministra solo ha anunciado que, con el futuro cambio normativo, "los vecinos tendr?n que dar su autorizaci?n para que se puedan implantar este tipo de actividades econ?micas".

Mientras tanto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inici? también en junio una investigaci?n para perseguir y sancionar la publicidad de viviendas tur?sticas sin licencia en plataformas como Airbnb o Booking. La cartera liderada por Pablo Bustinduy (del ala de Sumar del Gobierno) envi? un requerimiento a las plataformas sin que estas hayan emitido a?n una respuesta, aunque escudan su responsabilidad en que son ?nicamente un lugar donde colgar anuncios, no promocionar pisos de su propiedad. A mayores, Vivienda y Agenda Urbana ultima el "desarrollo de un registro ?nico de los contratos que se est?n tramitando v?a plataformas digitales con la finalidad de poder ofrecer esos datos para poder perseguir los fraudes de ley".



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