Lareforma del Poder Judicial pactada por PSOE y PP se debate este mediod?a en el pleno del Congreso en medio de una batalla judicial, con la polémica por la aplicaci?n de la ley de amnist?a y con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y los populares a cuenta del Tribunal Constitucional (TC) y de sus decisiones sobre el caso de los ERE.

El Congreso arranca julio con su primer pleno extraordinario para encarrilar la reforma que cambiar? la f?rmula de elecci?n de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que instar? a los nuevos miembros a proponer un nuevo sistema en el plazo de seis meses.

Una propuesta que tendr? que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado.

De esta forma se contempla en la proposici?n de ley org?nica que hoy se toma en consideraci?n y que ser? aprobada con la suma de los votos de socialistas y populares pero con el desmarque de Sumar, que se abstendr?, as? como de otros socios de investidura de S?nchez, que votar?n en contra.

La proposici?n de ley tiene asegurados 257 votos a favor, los del PP, PSOE y el de CC, seg?n han avanzado a EFE, mientras que UPN ha se?alado que se abstendr?.

Sumar considera que el contenido de la iniciativa es "insuficiente" y de ah? su abstenci?n, aunque en las ?ltimas horas ha sido muy cr?tico al enterarse del registro de la iniciativa el mismo d?a.

Otros aliados parlamentarios como ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos también lamentan que los socialistas buscaran otros socios.

Podemos acusa al PSOE de iniciar una legislatura nueva de la mano del PP e incide en que la reforma de la Ley del poder judicial "en clave bipartidista va a conferir poder de veto sobre cualquier nombramiento o decisi?n a los vocales conservadores", impidiendo la democratizaci?n de la justicia.

BNG votar? en contra y Vox previsiblemente también, aunque no es probable que los de Abascal registren posteriormente enmienda a la totalidad.

Fuentes de ERC inciden a EFE que el discurso de su portavoz, Gabriel Rufi?n, ser? "severo" y que no har?n nada "que juegue a favor o transmita la m?nima duda sobre nuestro m?s firme desacuerdo".

La proposici?n de ley que pide reformar la Ley Org?nica del Poder Judicial y la Ley que regula el estatuto org?nico del Ministerio Fiscal se tramitar? por el procedimiento de urgencia con la intenci?n de que el Senado la apruebe definitivamente el 31 de julio.

De hecho tras su toma en consideraci?n, la Mesa del Congreso se re?ne para abrir el plazo de registro de enmiendas a la totalidad y parciales hasta el 9 de julio.

El texto en cuesti?n

La proposici?n de ley pide que los nuevos vocales propongan una reforma que cuente "con la participaci?n directa de jueces y magistrados que se determine", para que en base a este planteamiento se elabore un proyecto o proposici?n de ley "para su debate, y en su caso, tramitaci?n y aprobaci?n".

Este es uno de los p?rrafos que m?s polémica ha suscitado ya que mientras los populares recalcan que se debe respetar la decisi?n de los vocales del CGPJ, el Ejecutivo recuerda que la propuesta debe votarse en pleno.

No obstante, Feij?o ha reconocido en las ?ltimas horas que el texto que propongan no es vinculante.

Otras medidas que incluye la proposici?n de ley es el incremento a veinte a?os del tiempo de carrera de un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo. Tampoco podr? ser nombrado Fiscal General del Estado quien en los cinco a?os anteriores haya sido titular de un ministerio, una secretar?a de Estado, una consejer?a auton?mica o una alcald?a o quien haya tenido esca?o en un parlamento.

La proposici?n plantea reforzar las plantillas de jueces y fiscales convocando "a futuro" 200 plazas cada a?o durante cinco a?os.

Un debate tenso

El debate y la votaci?n de hoy, a la que asistir? el presidente del Gobierno, Pedro S?nchez, se producir? en medio de los reproches que se han lanzado Gobierno y PP a cuenta de la aplicaci?n de la ley de amnist?a, después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarla a Carles Puigdemont en el delito de malversaci?n y después de que el Ejecutivo haya discrepado de los "argumentos pol?ticos y jur?dicos".

El debate también se produce cuando el Tribunal Constitucional (TC) ha exonerado el delito de malversaci?n a altos cargos condenados por el caso de los ERE en Andaluc?a y cuando el l?der del PP, Alberto N??ez Feij?o, ha dudado de la imparcialidad de este tribunal.

A este ambiente se a?ade la comparecencia de Bego?a G?mez ma?ana ante el juez Juan Carlos Peinado investigada por presuntos delitos de tr?fico de influencias y corrupci?n en los negocios.



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