La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodr?guez Fern?ndez, y el fiscal de Delitos Econ?micos, Juli?n Salto, han testificado ante el magistrado que instruye la querella de Alberto Gonz?lez Amador contra ambos por un presunto delito de revelaci?n de secretos que la orden directa de la emisi?n de la nota aclaratoria de la Fiscal?a de Madrid correspondi? al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc?a Ortiz.

Ambos han declarado este jueves en calidad de investigados en la causa que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el magistrado Francisco Goyena en relaci?n a la nota aclaratoria de la Fiscal?a de Madrid sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional y el fiscal sobre el caso de un presunto fraude fiscal.

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En primer lugar ha declarado Juli?n Salto Torres, fiscal de la Secci?n de Delitos Econ?micos de la misma Fiscal?a, que ha respondido a las preguntas formaladas por las partes durante una hora y diez minutos. Tras un receso de diez minutos ha comparecido durante algo m?s de una hora Mar?a Pilar Rodr?guez Fern?ndez, fiscal jefe de la Fiscal?a Provincial de Madrid.

Ambos han coincidido en responsabilizar al fiscal general del Estado de dar la orden de emitir la nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscal?a de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos y han alegado que obedecieron ?rdenes para su difusi?n, al tratarse ésta de una instituci?n jerarquizada, han apuntado fuentes jur?dicas a Europa Press.

El propio fiscal general del Estado asumi? verbalmente la responsabilidad de la difusi?n de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscal?a el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratific? en un escrito dirigido al TSJM el pasado d?a 10, en el que adem?s solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo. El instructor ha dado traslado a las partes para que se pronuncien y todo parece apuntar que la causa terminar? en manos del Supremo.

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En el mismo, Garc?a Ortiz sostiene en el escrito que esa nota de prensa no se habr?a publicado sin su previa autorizaci?n e instrucciones "expresas y directas" por lo que, al ser él aforado, el ?rgano competente ser?a el Tribunal Supremo.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaz? en un auto conocido este miércoles el recurso del Ministerio Fiscal y la Abogac?a del Estado contra la incoaci?n de las diligencias contra ambos, que considera pertinentes y aval? que existen indicios suficientes por instruir la causa contra los fiscales.

El pasado 13 de junio, testific? ante el magistrado la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien también declar? que recibi? la orden directa del fiscal general del Estado para difundir la nota aclaratoria sobre las citadas conversaciones entre letrado y fiscal.

Seg?n aleg?, pese a negarse a difundir el documento al ser incompatible con el deber de confidencialidad pero finalmente cumpli? el art?culo 25 del Estatuto Fiscal, que establece que "el Fiscal General del Estado podr? impartir a sus subordinados las ?rdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de car?cter general como referidas a asuntos espec?ficos".

En declaraciones a los medios, el decano del Colegio de la Abogac?a de Madrid (ICAM) --que ejerce la acusaci?n particular en esta causa--, Eduardo Rib?, ha subrayado que "el secreto profesional es una piedra angular del ejercicio de la Abogac?a" y, aunque ha eludido hacer valoraciones sobre las declaraciones de los fiscales, ha recalcado la "firme posici?n" del Colegio para que "las infracciones a la confidencialidad no sean toleradas" y sean abordadas "con la m?xima seriedad".

"La revelaci?n indebida de informaci?n confidencial no solo pone en riesgo la confianza entre el abogado y su cliente, sino que también socava el derecho a la defensa. Nuestro objetivo es asegurar que el ejercicio de la abogac?a se realice en un marco de respeto a los derechos que rigen nuestra profesi?n y nuestro Estado de Derecho. La acci?n del ICAM destaca nuestra determinaci?n de no permitir que ninguna violaci?n a estos principios quede impune", ha defendido.

En la investigaci?n abierta, el magistrado trata de investigar a instancias de Alberto Gonz?lez "quién o quiénes fueron las personas f?sicas concretas que intervinieron en la decisi?n de hacer p?blico dicho comunicado de prensa y el m?ximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acord? o dio el visto bueno a la decisi?n de difundir el comunicado".

En las diligencias solicitadas, el magistrado ped?a que se remitiera relaci?n y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados) con el abogado de Alberto Gonz?lez Amador con ocasi?n de la defensa del mismo antes y después de hacerse p?blico el comunicado.

En el auto de admisi?n de la querella, la Sala estimaba que "sin que pueda entenderse nunca la admisi?n de una querella como un acto de imputaci?n anticipada, ni una calificaci?n ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella".



"Solamente de este modo puede cumplirse con una finalidad esencial del sumario, tal y como se contempla en el art?culo 299 de la LeCrim, y que consiste en la determinaci?n de todas las circunstancias que puedan influir en la calificaci?n de los hechos, siempre que estos revistan indiciariamente car?cter delictivo", se?alaba.



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