El pasado 9 de octubre, la Comisi?n Europea puso en vigor el reglamento que establec?a 87 vedas en el Atl?ntico para la protecci?n de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés). Ocupaban cantiles desde el Golfo de C?diz hasta Gran Sol, caladeros de vital importancia para los buques que realizan pesca de fondo de especies tan importantes como merluza, rape o gallo. La polémica medida establec?a que en esas amplias zonas la flota arrastrera y los palangreros de fondo no podr?an trabajar, obligando a una dispersi?n de la actividad, al atasco en otras zonas de pesca y, finalmente, a una reducci?n manifiesta de capturas. Aunque una aclaraci?n posterior (por un error de batimetr?a) liber? 41 zonas que no llegaban a los 400 metros de profundidad fijados, el impacto segu?a siendo considerable para el palangre gallego, que en el primer mes de vigencia perdi? un 50% de las capturas y un 20% de la facturaci?n. Ante esto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci?n decidi? presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso al que esperaban que se sumasen los otros pa?ses afectados. Sin embargo, Irlanda, Francia y Portugal no se unir?n a Espa?a, que se queda sola en la batalla legal.

Aunque durante aquellas frenéticas semanas de verano y oto?o los otros tres pa?ses se pusieron del lado espa?ol, respaldando su argumentaci?n, ninguno de ellos ha dado el paso para oponerse a la Comisi?n Europea. El propio ministro de Pesca espa?ol, Luis Planas, coment? a principios del pasado diciembre durante su visita a Vigo para presentar la Mesa de la Ciencia Pesquera que esperaba que Irlanda, Francia y Portugal se sumasen a la demanda en cuesti?n de semanas.

Tal y como inform? el ministro entonces, su Departamento traslad? el posicionamiento jur?dico espa?ol a los responsables pesqueros de estos pa?ses. En la demanda, interpuesta el pasado 14 de noviembre, el Gobierno entiende que hay “deficiencias de fondo y de forma” en el reglamento de ejecuci?n y alega que la medida es desproporcionada, que no ha considerado los posibles impactos socioecon?micos sobre la flota pesquera y que, sobre todo, vulnera los principios de la Pol?tica Pesquera Com?n (PPC) de “buscar un equilibrio entre la protecci?n de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible”.

Si bien ninguno est? tan afectado como Espa?a, por n?mero de barcos, los tres pa?ses sufren los cierres en sus aguas, un precedente iniciado por la Comisi?n Europea que se podr?a extender en el futuro, tanto en la superficie afectada como en las profundidades vedadas. Y aunque la propia secretaria de Estado das Pescas lusa, Teresa Coelho, traslad? en prensa su apoyo a Espa?a en el recurso, ni Portugal, ni Francia ni Irlanda han dado el paso.

Aprovechando la presentaci?n de las tres nuevas patrulleras de la Agencia Europea para el Control de la Pesca (EFCA) esta semana en Vigo, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, confirm? a Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, que el pa?s estar? solo en la demanda. Aunque reconoce que todav?a queda tiempo para que den el paso, da por hecho que no se producir? ante la ausencia de respuesta por parte de sus hom?logos. “No creemos que se vayan a sumar, aunque es cierto que todav?a habr?a tiempo”, se limit? a explicar.

De hecho, la prensa de estos pa?ses apenas recogi? en sus p?ginas la implicaci?n de este reglamento, al contrario que en Espa?a. No en vano, adem?s del propio Gobierno parte de la flota también ha presentado un recurso. En concreto lo hizo la Organizaci?n de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) al verse seriamente impactada. Reclama la anulaci?n de la normativa y contar? con la Xunta de Galicia como parte coadyuvante.

Visi?n comunitaria

En el mismo acto al que acudi? Villauriz también lo hizo la directora general de Asuntos Mar?timos y Pesca (DG Mare) de la UE, Charlina Vitcheva. Adem?s de confirmar que la pesca de fondo se ver? impactada también por la ampliaci?n del 10% al 30% de las ?reas marinas protegidas (MPA, en inglés), la b?lgara se pronunci? por primera vez sobre el recurso. “Es un derecho del Estado miembro”, coment?, “no quiero comentar las razones”.

Si bien no quiso profundizar, Vitcheva defendi? el trabajo de la Comisi?n. “Creo que nosotros, como Comisi?n, hemos implementado nuestra obligaci?n legal. No ten?amos m?s justificaciones para retrasar el proceso”, se?ala sobre la aplicaci?n de las 87 vedas, que como viene diciendo desde el inicio de la polémica se trata de una decisi?n de los legisladores de 2016 y que ellos tuvieron que “implementar”. “Tendremos que esperar al resultado proceso. Es tiempo de que se pronuncien los jueces”, a?adi?.



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