Transcurrido el plazo de cinco d?as dado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dict? la sentencia del 'procés' y por el juez Pablo Llarena, en cuyas manos sigue el destino de los procesados en rebeld?a, las defensas se han apresurado a solicitar la aplicaci?n de la ley de amnist?a a los procedimientos en los que est?n inmersos. El expresidente de la Generalitat y l?der de Junts, Carles Puigdemont, ha hecho lo propio ante el juez Llarena, al que reclama la aplicaci?n de la ley de amnist?a y que de forma inmediata retire la orden de detenci?n nacional que a?n tiene en vigor y que le impide volver a Espa?a sin temor a ser arrestado.

En un escrito de 23 p?ginas, al que ha tenido acceso EL PERI?DICO, Gonzalo Boye, abogado del candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts, argumenta que la ley de amnist?a no veta la malversaci?n que se entendi? cometida en el 'procés', seg?n la propia sentencia dictada por el Supremo en octubre de 2019. "No es posible identificar, sin caer en una interpretaci?n manifiestamente arbitraria, il?gica, absurda e irracional de la norma, con la propia aplicaci?n de fondos p?blicos a promover o procurar la celebraci?n de dicho referéndum, que el legislador ha querido excluir expresamente del concepto de enriquecimiento", asevera.

La exclusi?n establecida en la propia ley de amnist?a "basada o limitada al prop?sito de enriquecimiento es, pues, clara y resulta obvio que no concurre en el presente caso, habiendo sido, adem?s, la propia Sala la que ha concluido que no existi? dicho prop?sito", explica el escrito, que critica la interpretaci?n que "voluntariosamente han pretendido algunos integrantes del ministerio fiscal" de la medida de gracia con la que se quiera poner fin a todas las causas judiciales abiertas en relaci?n al 'procés' y el referéndum del 1-O.



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