La Sala Segunda del Tribunal Supremo y el juez Pablo Llarena no solo descartaron aplicar la amnist?a al delito de malversaci?n por el que, respectivamente, se conden? y se proces? en rebeld?a al expresidente de ERC Oriol Junqueras y al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sino que también dieron el primer paso para elevar al Tribunal Constitucional la ley de que establece la medida de gracia, al conceder un plazo de 10 d?as a las partes para informar sobre el planteamiento de una cuesti?n de inconstitucionalidad.

Fuentes del alto tribunal se?alan a EL PERI?DICO que el Tribunal Constitucional es el ?nico que puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley, por lo que para resolver la duda que alberga, "al menos, la mitad de Espa?a" no hay otra f?rmula que plantear una cuesti?n de inconstitucionalidad. Incluso se preguntan c?mo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) puede estar aplicando la amnist?a sin elevar a la vez dudas sobre la constitucionalidad del texto al ?nico ?rgano que puede hacer el control constitucional, seg?n el sistema judicial espa?ol.

El Supremo no tiene m?s margen para pronunciarse sobre la ley de amnist?a que el de determinar si es aplicable o no a los casos bajo su competencia: la sentencia que dict? en 2019 por el 'procés', en la que se conden? por malversaci?n a Junqueras y los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y los procesados en rebeld?a por este delito: Puigdemont, Llu?s Puig y Toni Com?n.

También est? procesada en rebeld?a por el 1-O la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pero ella solo lo est? por desobediencia y el Supremo ha considerado que su caso s? est? incluido sin género de dudas en la ley de amnist?a, como declar? el juez Pablo Llarena en su auto del pasado d?a 1 y en uno posterior, en el que acord? dejar sin efecto la orden de detenci?n nacional que a?n pesaba contra ella. Las del resto de procesados en rebeld?a se mantienen, porque al no aplic?rseles la amnist?a su situaci?n procesal no se modifica, al entender el tribunal que la malversaci?n que se les atribuye es una de las excepciones que incluye la propia ley.

Decidida la aplicaci?n o no de la ley a los casos concretos bajo su competencia, tanto la Sala Segunda como el instructor del 'procés' dieron paso a la segunda fase: concedieron un plazo de 10 d?as a las partes para que pronuncien sobre la necesidad de acudir al TC para que ejerza el control de constitucionalidad que solo él puede hacer en la parte que en la que la aplican, porque en la que no carece de sentido hacerlo.

Para las fuentes consultadas resulta pr?cticamente imprescindible acudir al Constitucional ante la divisi?n existente en el mundo judicial y la falta de resoluciones previas sobre una ley de estas caracter?sticas que pueda evitar el tr?mite, porque permitiera conocer ya el sentido que adoptar? la corte de garant?as.

Sin precedentes

De ah? que la decisi?n del TSJC de no acudir al Constitucional haya sorprendido en el Supremo m?s que la de aplicar de forma pr?cticamente autom?tica la amnist?a a los casos bajo su competencia. Magistrados del alto tribunal consideran que la divisi?n existente en el mundo judicial sin disponer de precedentes jurisprudenciales obliga a recurrir al Constitucional.

De esta forma el TC deber? pronunciarse sobre las dudas que plantee el Supremo y si alg?n otro tribunal comparte su criterio sobre la constitucionalidad de la ley de amnist?a, pero también en relaci?n con los recursos de amparo que todo apunta a que terminar?n presentando los condenados y los procesados en rebeld?a del 'procés' contra la negativa de ser beneficiados por la medida de gracia. También es posible que acudan a él las acusaciones en los casos en los s? se ha aplicado con el argumento contrario.

El Constitucional también revisar? la constitucionalidad de la ley a través de las impugnaciones que ya ha anunciado el PP que presentar? y las comunidades aut?nomas que finalmente consideran que, entre otras vulneraciones de la carta magna, la amnist?a vulnera la igualdad de los espa?oles ante la ley.



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